Legisladores del oficialista Frente de Todos expresaron su “enorme preocupación” y pidieron a la Justicia investigar a fondo las actuaciones y no abandonar “ninguna línea de análisis”.
Una secretaria del diputado argentino Gerardo Milman, denunciado por presuntos vínculos con el atentado a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, declaró ante la Justicia que no borró voluntariamente la información contenida en su teléfono celular tras el intento de magnicidio contra la exmandataria.
Se trata de Ivana Bohdziewicz, una de las excolaboradoras en el Congreso de Milman, del partido Juntos por el Cambio (JxC), quien testificó en la causa sobre el intento de asesinato de Kirchner por tercera vez el viernes tras presentarse de manera espontánea en los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires. Allí manifestó “su intención de prestar declaración testimonial en el día de hoy, en virtud de haber recibido presiones“, ya que estaba citada para declarar el 10 de mayo.
Según relató Bohdziewicz a la fiscal, fue citada en unas oficinas que atribuyó a la entonces presidenta del PRO (partido vinculado al macrismo), Patricia Bullrich, donde un perito informático eliminó durante cuatro horas todo lo que había en su dispositivo móvil, así como en el de Carolina Gómez Mónaco (otra colaboradora del diputado) y en el del propio Milman.
Aparentemente, el proceso se realizó en noviembre del año pasado después de la primera declaración testimonial de ambas secretarias, cuando ya estaban al tanto de que existía la posibilidad de que sus teléfonos móviles les fueran retenidos.
Bohdziewicz, que fue despedida a principios de este año, acompañaba el 30 de agosto de 2022, dos días antes del atentado, a Milman en el bar Casablanca, donde un testigo de la causa escuchó al diputado decir “cuando la maten, voy a estar camino a la costa“.
“Enorme preocupación”
Por su parte, legisladores del bloque oficialista Frente de Todos expresaron en un comunicado su “enorme preocupación” ante la situación y pidieron a los funcionarios judiciales que “investiguen a fondo las actuaciones y no abandonen ninguna línea de análisis”.
“Es imprescindible llegar hasta las últimas consecuencias. La Justicia no puede seguir mirando para el costado“, concluye el escrito.
Mientras, el abogado de la vicepresidenta, José Ubeira, acusó a la jueza María Eugenia Capuchetti de complicidad por haber dado tiempo a que se procediera al borrado de información.
“Cuando planteamos en la primera audiencia que había que tomar los teléfonos a las asesoras de Milman, la jueza [Capuchetti] no hizo lugar, con lo que se abrió una ventana de 60 días para recusarla”, dijo Ubeira al medio, anticipando que se ampliará “la queja ante la Corte Suprema por las recusaciones”, ya que se evidencia una “absoluta falta de voluntad del Poder Judicial de querer investigar el atentado”.
En noviembre del año pasado, Cristina Fernández había pedido que se investigara el presunto rol de Milman en el atentado y que se apartara a Capuchetti del caso por no investigar las supuestas conexiones políticas. La jueza fue confirmada al frente de la causa, pero delegó la investigación en la Fiscalía.